15 de diciembre – Aniversario de la creación de la CONADEP por R. Alfonsín

Posted on 15 diciembre 2011

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15 de diciembre – 1983:

El presidente Raúl Alfonsín aprueba el decreto 187, que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de la Argentina (CONADEP).

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el Gobierno argentino en 1983

El objetivo; aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar en Argentina, dando origen al Informe “Nuca Más”, también conocido como “Informe Sábato”, publicado en septiembre de 1984.

Comisión Nacional solare la Desaparición de Personas. CONADEP.

Tras su fracaso en la política económica, y la derrota en la guerra de Las Malvinas, además del gran repudio internacional por sus graves violaciones a los derechos humanos, a fines de 1983 los militares argentinos se vieron forzados a devolver el poder a los civiles.

En Argentina, los derechos humanos de miles de personas fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas, que usaron una “tecnología del infierno” según se pudo comprobar por las miles de denuncias y testimonios de las víctimas. Los organismos de derechos humanos establecen en cerca de 30,000 personas el número de desaparecidos y asesinados en la guerra sucia.

Tal como lo dijo en su oportunidad el presidente Raúl Alfonsín, después de esta etapa de tanta violencia, “No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante”. Por eso, uno de los primeros actos constitucionales del presidente Alfonsín, fue crear la Comisión de la Verdad, llamada Comisión Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas, CONADEP a la que le encargó investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983, el período de las dictaduras militares.

Entonces, poco a poco, la población argentina fue conociendo de una manera más global los horribles sucesos que en su debido momento se negó a aceptar que realmente estuvieran aconteciendo en el país. “Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje”, aseguró después la CONADEP en su Informe “Nunca Más”.

Al inicio de su gobierno, las nuevas autoridades civiles procesaron a los nueve Comandantes Generales de las FF.AA., del llamado “Proceso de Reconstrucción Nacional”: generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri; los Brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, y Jorge Isaac Anaya. Se consideró que en su condición de jefes supremos conocieron e impulsaron los planes de exterminio de los presuntos “subversivos”.

Alfonsín ordenó procesar judicialmente a nueve ex comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, “por haber sembrado el dolor, el terror y la muerte”, pero, como informó Horacio Verbitsky, “confió la tarea al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”. Ante esto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquives sostuvo que “el gobierno actuó con excesiva cautela, para no irritar a los militares”.

El ex Presidente Reynaldo Bignone fue encarcelado, acusado de ordenar el secuestro de dos soldados conscriptos, cuando era director del Colegio Militar. También se encarceló al almirante Chamorro, por su actuación como jefe del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA; el general Ramón Camps, por haberse jactado de su participación en miles de casos de desapariciones políticas y al ex comandante del primer cuerpo del Ejército, general Guillermo Suárez Masón.

Para terminar el debate sobre los miles de desaparecidos, las Fuerzas Armadas, en su Acta Institucional, manifestaron que “únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quien corresponde la responsabilidad de métodos injustos o muertes inocentes”, y que todas las acciones realizadas en la guerra constituyeron “actos de servicio”. Además, públicamente proclamaron su deseo de que los enemigos desaparecidos y muertos “reciban el perdón de Dios”.|11|

http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html#arg

La CONADEP. Decreto Ley de creación: D.L. 187/83 del 15 de diciembre de 1983. Período de investigación: 9 meses.

Miembros de la CONADEP:

Ernesto Sábato. (Escritor)

Jaime F. de Nevares. (Obispo de Neuquén)

Marshall T. Meyer. (Rabino Judío)

Ricardo Colombres.

René Favarolo.

Hilario Fernández Long.

Carlos T. Gattinoni. (Obispo Metodista)

Gregorio Klimovsky.

Eduardo Rabossi.

Magdalena Ruiz de Guiñazu.

Santiago Marcelino López. (Diputado)

Hugo Diógenes Piucill. (Diputado)

Horacio Hugo Huarte. (Diputado)

Para crear la CONADEP el gobierno tuvo que superar conflictos en el Congreso, donde la tendencia mayoritaria era asignar las investigaciones sobre los desaparecidos a una comisión interna. Era tanto el temor a los militares que el Senado no cumplió con designar sus tres representantes para la CONADEP, como sí lo hicieron los diputados.

La CONADEP, desde el inicio de su trabajo enfrentó muchas dificultades, que pudo superarlas, gracias al apoyo decidido de las entidades nacionales e internacionales de derechos humanos. Los primeros colaboradores rentados de la CONADEP, que cumplían su jornada trabajando aún en días feriados y fines de semana, muy pronto abandonaron su labor, abrumados y quebrantados por los horrores que día a día fueron conociendo por el testimonio directo de las víctimas de la represión.

Gracias al empeño de Ernesto Sábato y la presión de los organismos de derechos humanos, algunos miembros de la Comisión tuvieron la posibilidad de viajar al extranjero y recibir denuncias de los exiliados argentinos en Estados Unidos, Francia, Suiza, España, México, entre otros países. La CONADEP logró el apoyo de la Cancillería, que habilitó “oficinas de denuncias” de desapariciones durante la dictadura militar, en la mayoría de las sedes diplomáticas argentinas dispersas por el mundo. Las repercusiones del trabajo de la Comisión en los periódicos y la televisión europeos animó a muchos exiliados a cooperar con las investigaciones.

Conforme la CONADEP avanzaba en sus investigaciones, sus miembros fueron insultados y amenazados por los agentes de la represión, que los acusaron de “activar los odios y resentimientos, impedir el olvido, y no propiciar la reconciliación nacional”.

La CONADEP, luego de nueve meses de trabaJO en los que reunió más de 50,000 páginas de testimonios y denuncias; en noviembre de 1984 publicó su Informe, con el Título: “Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”. Allí dio cuenta de la desaparición de 8,960 personas, según denuncias debidamente documentadas y comprobadas. La CONADEP dejó abierta la posibilidad de que el balance final de las víctimas aumentara, pues muchos otros casos quedaron en la etapa de investigación y verificación de los datos, por lo que la cifra de 8,960 desaparecidos no puede considerarse definitiva. El 80 % de las víctimas de los militares argentinos tenían entre 21 y 35 anos de edad.

El Informe señala que en Argentina existían 340 centros clandestinos de detención, dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Allí los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, y sometidos a toda clase de humillaciones. También indica que “De algunos de los métodos de tortura empleados en esa guerra interna no se conocían antecedentes en otras partes del mundo”. En esos años de la dictadura militar, las técnicas de tortura argentina se exportaron a otros países del continente.

La CONADEP descubrió que entre los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, se estableció un “Pacto de Sangre”, que implicaba la participación de todos en las violaciones a los derechos humanos. A causa de esto, cuando algún miembro de esas fuerzas trataba de desobedecer un mandato criminal, pronto lo convertían en una víctima más. La Comisión comprobó que “Todo signo de discrepancia dentro de las FF.AA. y de Seguridad con los métodos utilizados para la detención y eliminación de personas fue sancionado de modo brutal. Brindar alguna información a los familiares de detenidos-desaparecidos sobre su localización, estado físico o destino era equivalente a la muerte. Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre las propias filas sobre los operativos realizados, sancionándose con el mayor rigor cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse con el prisionero”.|12|

El Informe “Nunca Mas” indica que miles de personas fueron exterminadas, habiéndose destruido previamente sus cuerpos para evitar su posterior identificación. “No se cometieron excesos, si se entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades fueron práctica común y eran actos normales y corrientes efectuados a diario por las fuerzas represivas”

También la CONADEP difundió una lista de 1351 represores, entre ellos diversos médicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes católicos que actuaron como Capellanes de los militares y que colaboraron con ellos en la guerra sucia. En la lista de represores aparecen, entre otros, el Obispo Pío Laghi, Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en Argentina, el ex Obispo de La Plata, Antonio Plaza, el Monseñor Emilio Graselli, el sacerdote Christian Von Wernich, el capellán Pelanda López, y el Monseñor Adolfo Tórtolo, Vicario de las Fuerzas Armadas.

Pese a las investigaciones de la Comisión, y las denuncias de los grupos de derechos humanos en Argentina, el Congreso ascendió a cientos de militares involucrados en secuestros, torturas y desapariciones forzadas, y que aparecían en la lista de la CONADEP como violadores de los Derechos Humanos. Incluso Asaz, el asesino de dos monjas francesas, fue ascendido. “Sabe cuantos Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz”, dijo el contraalmirante (r) Horacio Mayorga, ex jefe de la base naval de Trelew, en una entrevista en 1985. “Los oficiales de la ESMA eran personas austeras que mataban por la Patria”, agregó.|13| Igualmente fueron ascendidos el ex director de la ESMA, capitán de Navío José María Arriola; el ex director de la Escuela de Submarinos de Mar de Plata, capitán de Navío Roberto Pertussio; los tenientes coroneles Óscar Bianchi y Athos Rhenes, que intervinieron en diversas masacres a civiles indefensos, y el coronel Julio César Durand, quien dirigió la intervención argentina en el Golpe de Estado de 1980 en Bolivia.

El ex capitán de la Armada (r) Francisco Scilingo, en declaraciones al periodista Horacio Verbitsky, en marzo de 1995, confirmó que cerca de 2,000 presos políticos de la dictadura fueron asesinados por oficiales de la Marina, que los arrojaron vivos al mar, después de haber sido drogados. Algunos altos representantes de la iglesia católica conocían sobre estos hechos, pero en vez de tratar de impedirlos, apoyaron estos horribles crímenes. Scilingo afirmó que los sacerdotes católicos se encargaban de tranquilizar el espíritu” de los oficiales que participaban en tales crímenes, pues regresaban de cada Vuelo” con un fuerte remordimiento de conciencia. “El capellán de la ESMA… me hablaba que (el vuelo) era una muerte cristiana, porque (los presos) no sufrían, porque no era traumática, y que habla que eliminarlos; que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yugo del trigal. Me dio cierto apoyo”, declaró Scilingo.|14|

También se llegó a saber que una isla que pertenecía a la Iglesia Católica fue prestada a la ESMA, para que los oficiales de la marina lo usaran como Campo de Concentración.|15| Allí se trasladaba a los presos políticos, cada vez que las comisiones de las Naciones Unidas, la OEA, Amnistía Internacional o de otros organismos visitaban la ESMA para investigar las graves denuncias de tortura.

La CONADEP tomó la iniciativa de presentar varias recomendaciones a los distintos poderes del Estado, “con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de Conculcaciones de los derechos humanos”. Entre sus propuestas incluyó: la continuación de las investigaciones por la vía judicial, la entrega de asistencia económica, becas de estudio y trabajo a los familiares de las personas desaparecidas; y la aprobación de normas legales que declaren como crimen de tesa humanidad la desaparición forzada de personas. Igualmente, la CONADEP recomendó la enseñanza obligatoria de los derechos humanos en los centros educativos del Estado, tanto civiles como militares y policiales, el apoyo a los organismos de derechos humanos, y la derogatoria de toda la legislación represiva existente en el país. Muchas de estas recomendaciones están aún pendientes de llevarse a la práctica. Y la dolorosa verdad sigue aflorando, como un trauma colectivo que exige una terapia integral.

INFORME “NUNCA MÁS”:

– Capítulo I.- La acción represiva

– Capítulo II.- Víctimas

– Capítulo III.- El Poder Judicial durante el periodo en que se consumó la desaparición forzada de personas

– Capítulo IV.- Creación y Organización de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas

– Capítulo V.- El respaldo doctrinario de la represión

– Capítulo VI.- Recomendaciones y Conclusiones

http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas.htm

Nunca Más: Informe Sabato

El 29 de diciembre de 1983 Ernesto Sabato fue elegido Presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (CONADEP), gracias a su honestidad y espíritu crítico. La misma tuvo a su cargo investigar y publicar un informe sobre los crímenes de Estado cometidos por la dictadura militar, en el poder entre 1976 y 1983. Cinco departamentos fueron creados para tratar los diferentes aspectos de trabajo. Se relevaron miles de casos de abducción, desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso fue documentado en un archivo numerado. Se compilaron más de 50.000 páginas de documentación. Un resume, fruto de las tareas de dicha comisión, fue publicado en un reporte oficial en el año 1984. Se trata del sobrecogedor volumen Nunca Mas. informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (Eudeba, 1984), conocido mundialmente como Informe Sabato. En dicho informe se da testimonio de la desaparición y muerte de más de 30 mil personas durante la dictadura militar instaurada en el país desde fines de la década del 70′ hasta principios del 80′. Luego de miles de testimonios y hechos horripilantes, la Comisión concluyó con una serie de recomendaciones para iniciar acciones legales contra los responsables. Pero además de la coordinación de la comisión, Sabato tuvo a su cargo la realización del prólogo del libro. Parte del mismo dice:

“…Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MAS en nuestra patria se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado…”

http://www.me.gov.ar/efeme/sabato/informe.html

Nunca Más – Informe de la Conadep – Septiembre de 1984

Por ERNESTO SÁBATO

Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: «Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura».

No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos.

Nuestra Comisión no fue instituída para juzgar, pues para eso estan los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.

Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la persona a través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución Francesa hasta los estipulados en las Cartas Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo. Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria.

De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de «excesos individuales»? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores» . Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los «excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia» , revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.

Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del día, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban «zona libre» a las comisarías correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzanas y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto de comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable. De ahí se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno: «Abandonad toda esperanza, los que entrais».

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra – ¡triste privilegio argentino! – que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.

Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus ¦ldas, la justicia los desconocía y los habeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inutiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa.

En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: «Por algo será», se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos sin embargo vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpable de nada; porque la lucha contra los «subversivos», con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epiteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como «marxismo-leninismo», «apátridas» , «materialistas y ateos» , «enemigos de los valores occidentales y cristianos» , todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esosamigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.

Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita verguenza por la violación en público; seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza.

De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal.

Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebrosos rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado liberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían.

En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las consabidas razones de «la guerra sucia» , de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque, si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el poder judicial tiene en toda comunidad civilizada. Verdad y justicia, por otra parte, que permitirán vivir con honor a los hombres de las fuerzas armadas que son inocentes y que, de no procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e injusta. Verdad y justicia que permitirán a esas fuerzas considerarse como auténticas herederas de aquellos ejércitos que, con tanta heroicidad como pobreza, llevaron la libertad a medio continente.

Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crimenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.

Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.


ERNESTO SÁBATO.

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