Empresas Recuperadas por los Trabajadores, una alternativa viable

Posted on 7 diciembre 2011

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“Es el lápiz lo que divide lo legítimo de lo ilegítimo. El derecho a trazar el límite entre la coerción legítima (admisible) y la ilegítima (inadmisible) es el primer objetivo de toda lucha de poder” Zygmunt Bauman 

Una fábrica recuperada es mucho más que una empresa que logra salir adelante cuando ya se daba todo por perdido. También es más que un combo de problemas legales, judiciales e ideológicos, aunque un análisis de todos ellos resulte imprescindible para comprender el proceso. 

La recuperación de fábricas en la Argentina pone en evidencia las fallas del sistema en el que estamos inmersos y, consecuentemente, ofrece las pruebas de lo que muchos académicos niegan desde sus escritorios: que hay alternativas, que el capitalismo no es algo intrínseco en la naturaleza del hombre, que no es la única forma posible de organizarnos. Poner en marcha una empresa llevada a la quiebra por empresarios no es lo mismo que desafiar al sistema con argumentos tan perfectamente válidos desde la teoría como perfectamente utópicos en la práctica, como suelen hacer los más acérrimos enemigos del régimen actual. 

Una fábrica recuperada es algo paradójico. Representa el máximo exponente de todo por lo que los más extremistas partidos de la izquierda argentina luchan hace decenas de años con escasos logros, y, al mismo tiempo, nace en las antípodas de la militancia académica de esos movimientos. Y aunque sean muchos los partidos políticos, diputados, sindicatos y abogados de renombre los que se inmiscuyen polémicamente como promotores, el proceso de recuperación se inicia con un grupo de trabajadores que hace meses que no cobra un sueldo. Un grupo de hombres y mujeres que toda la vida trabajaron para una empresa que de un día para el otro los deja en la calle, con una mínima posibilidad de reinserción laboral, en un contexto de crisis económica, pobreza y desocupación. 

Según el Informe del Tercer Relevamiento de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en marzo del año 2010 ya se contaban 205 empresas funcionando bajo esta organización autogestionaria en el país. Y a pesar de que la mayoría de ellas se encuentre actualmente en un limbo legal de compleja resolución, ya ha quedado en claro que son una herramienta de lucha firmemente incorporada a las posibilidades de acción de los trabajadores frente a conflictos que anteriormente parecían insolubles. 

Plácido Peñarreta trabajó durante 21 años en el Taller Gráfico Gaglianone, y hace diez que trabaja y preside la Cooperativa Chilavert.

El día que Horacio Gaglinone quiso vender una de las pocas máquinas que quedaban en el taller, los nueve obreros que habían resistido hasta ese momento se subieron arriba de la obsoleta guillotina y le dijeron: “No te la llevás”. “Nos amenazó con que íbamos a ir presos. Y le respondimos que antes de llevarse la máquina nos dijera qué es lo que iba a hacer, porque supuestamente la estaba vendiendo para comprar una más moderna. Pero ya había vendido muchas y las nuevas nunca aparecían. Y en este momento nos dijo por primera vez que pensaba vender todo y no invertir más”, cuenta Plácido, uno de los trabajadores que se plantaron con mayor firmeza ante el dueño cuando estalló el conflicto.

El Taller Gráfico Gaglianone se dedicó hasta 1976 a la impresión de folletería y prospectos para medicamentos. A partir de ese año, imprimió exclusivamente libros y catálogos de arte y se convirtió en el sello Ediciones de Arte Gaglianone. Hacia 1988, la empresa entró en crisis y dejó de pagarle los salarios a los trabajadores. “La idea del dueño era que hiciéramos un 

esfuerzo extra para levantar la empresa. Trabajábamos prácticamente gratis”, recuerda Plácido.

Durante los años noventa, trabajaron con los salarios congelados y, aunque la empresa comenzó luego a facturar con normalidad, los sueldos jamás se recompusieron. Y después llegó el 2001. “Tuvimos una reunión con él y nos dijo que el país andaba mal y que iba a ser difícil salir de esa situación, pero que iba a tratar de mantenernos como empleados. Pero mientras tanto, seguía vendiendo las máquinas. ¿Cómo le podíamos exigir que nos diera trabajo si no había maquinarias para seguir con la producción?”, se pregunta el actual presidente de la cooperativa. 

El día que Gaglianone apareció en el taller con un mecánico para desarmar la máquina, Plácido y sus compañeros le exigieron que, si se trataba de una compra, les mostraran la documentación pertinente. “Pero los documentos de la compra nunca aparecieron. Estaban llevando las máquinas a otro taller, con gente nueva y salarios inferiores”, asegura el actual presidente de la cooperativa.

El cierre del Taller Gráfico Gaglione es uno de los tantos casos de quiebra fraudulenta. Esta figura legal consiste en el vaciamiento de la fábrica: cuando el dueño de una fábrica se deshace de los bienes de la empresa antes de presentar la quiebra, perjudicando de ese modo a los acreedores que cobrarían sus deudas mediante la liquidación de los mismos, se está insolventando fraudulentamente. “Muchas veces se crean fábricas paralelas, y trasladan las máquinas de una a la otra. Entonces los dueños endeudan una, la hacen quebrar y les queda la otra limpia, para no tener que pagar las deudas. Pasan los laburantes que más quieren a la nueva empresa y a los que deberían pagarles muchos años de indemnización los dejan en la fábrica quebrada, total no van a cobrar nunca”, explica la abogada Eleonora Feser, especializada en el tema y colaboradora de varias cooperativas. “Ese fue el caso de La Mocita. Cuando los trabajadores deciden tomarla, descubren que el dueño le había vendido la marca -que es lo que más vale- al hijo por 2000 pesos. Habían hecho una fábrica paralela”, ejemplifica Feser.

Antes de la reforma neoliberal de la Ley de Concursos y Quiebras, impulsada por Domingo Cavallo y votada a libro cerrado en 1995, el procedimiento para probar una quiebra fraudulenta era mucho más sencillo. Mediante un procedimiento llamado “calificación de conducta”, la evaluación era automática. “Se necesitaban dos o tres requisitos muy básicos y objetivos para calificar la conducta. Por ejemplo, si no había bienes en el concurso o si no aparecían los libros contables, se habría un expediente que iba directamente a penal. Ahora es mucho más difícil demostrar una quiebra fraudulenta”, explica la abogada. 

Es imposible generalizar los factores que permitieron que se origine este proceso, ya que cada fábrica recuperada tuvo una historia diferente y cada caso es particular. Pero hay factores en común en todos los procesos de recuperación, como la escasa posibilidad de reinserción laboral de los trabajadores que de un momento a otro se habían quedado sin trabajo. 

“Aunque parezca contradictorio, a este proceso ayudó el hecho de que no hubiera trabajo en otros lados. El cierre de fábricas que tuvo su auge en el año 2000, había empezado mucho antes. Todos los días cerraba una fábrica en Argentina”, contextualiza Luis Alberto Caro, uno de los abogados que embandera los procedimientos legales para la apertura de las cooperativas en Argentina.

No necesariamente es la recuperación el objetivo inicial. La mayoría de las veces, el punto de partida es la lucha por el cobro de las indemnizaciones o los salarios atrasados; y la toma de la fábrica se da como instrumento de lucha ante situaciones extremas. 

En estos primeros pasos, se produce el encuentro con diversos “promotores” o “instigadores” de recuperaciones, que ofrecen diferentes alternativas a los trabajadores, basándose en experiencias previas. De ellos proviene el conocimiento indirecto que posibilita el proceso; aquel conocimiento que no poseen los obreros que a lo largo de toda su vida, no conocieron otra forma de trabajo que la relación de dependencia. 

La intensidad con la que los promotores se involucran en la empresa y participan en la construcción de estrategias a seguir fue siempre un asunto polémico. En muchos casos, la articulación de los trabajadores con los promotores se limita a otorgar un soporte en cuanto a la realización de gestiones políticas y judiciales. El rol de promotor es ocupado en ocasiones por estructuras políticas o sindicales que previamente formaban parte del colectivo laboral. Pero, a veces, cuadros originariamente ajenos a la empresa tienden a dirigir el proceso, incorporándose como sus conductores. 

El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), fue uno de los grupos promotores que tuvo una participación destacada en el proceso. Nació en el 2001 en el contexto de la recuperación de IMPA, -una de las empresas pioneras en autogestión- nucleando dirigentes de varios sectores. Eduardo Murúa, referente de IMPA y ex militante de Montoneros, fue el que presidió el movimiento a partir de 2003. “Ocupar, resistir y producir, por dentro y fuera de la ley”, fue el lema del MNER, en el cual participó activamente el doctor Luis Alberto Caro hasta que decidió separarse y formar el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT). “Las personas que formaron el primer movimiento de empresas recuperadas tenían otros objetivos. Algunos tenían intereses políticos, partidarios o gremiales y nosotros no coincidíamos con eso. Además, planteaban un tipo de gerenciamiento con el que nosotros también estamos en desacuerdo. El caso de IMPA, gerenciado por Murúa, fue atroz. Terminó quebrando la cooperativa”, explica Caro sobre su distanciamiento con el MNER.

Luis Alberto Caro es un personaje destacado del movimiento de empresas recuperadas de la Argentina. Su nombre produce un efecto de amor-odio: hay una gran cantidad de cooperativas que solicitaron su asesoramiento para salir adelante y muchos otros sectores que están en completo desacuerdo con su modelo de gestión y lo cuestionan por sus vinculaciones políticas y su relación con la Iglesia. 

Desde su rol de promotor, consiguió cambios legales y políticos relevantes. Redactó la última modificación de Ley de Quiebras, que si bien fue criticada por intelectuales de izquierda por “no modificar su corazón liquidatorio”, otorgó beneficios significativos a los trabajadores. Pero uno de sus logros más aplaudidos fue lograr – por primera vez – la aplicación la Ley de Expropiaciones en una fábrica.

Antes de dedicarse por completo a la recuperación de empresas, Caro era delegado de Pastoral Social de la Iglesia Católica de Avellaneda. Habiendo gestionado expropiaciones de tierras para resolver problemas habitacionales de su barrio, decidió intentar la misma estrategia legal para que los trabajadores de Unión y Fuerza, la primera cooperativa en la que él colaboró, pudieran apropiarse del inmueble. “Yo venía trabajando en las ocupaciones de tierra, y la única salida posible era que el Estado expropiara, le pagara al dueño, y se lo vendiera luego al que fuera a ocupar el terreno. La Ley de Expropiaciones dice que cualquiera fuera la naturaleza de los bienes, estos son sujetos a expropiación. Con ese criterio, escribí la primera ley que declaraba de utilidad pública, sujeta a expropiación, la fábrica y todos sus bienes incluidos”, relata con orgullo. 

Cuando una empresa tiene problemas financieros, se presenta a concurso preventivo. Durante esa etapa, el dueño intenta negociar las deudas con los acreedores y, en el caso de no llegar a un acuerdo, se presenta la quiebra. Bajo la instancia de la quiebra, la propiedad de la empresa y todos sus bienes pasan a ser administrados por el juez, que intenta liquidar todo lo antes posible para pagar las deudas. “El juez en su cabeza tiene sólo tres cosas en mente: vender, vender y vender”, sentencia Feser.

Uno de los aspectos más positivos de la última modificación de la Ley de Concursos y Quiebras es la posibilidad de compensar los créditos otorgada a los trabajadores. Al permitirles compensar el dinero que les deben como parte de pago de las máquinas, se les facilita en gran medida la continuidad de la explotación. “Hoy se considera prioritaria la preservación de la fuerza laboral”, argumenta el autor de la ley. “Y si la fábrica quiebra, los trabajadores continúan la explotación de manera automática”, continúa Caro.  

Sin embargo, también por esto es criticado Caro, cuya reforma no es suficiente para muchos sectores vinculados a las empresas autogestionadas. “No se dijo nada sobre la legislación de conducta y no se tocó el artículo que dice que si el juez no liquida los bienes en un tiempo determinado está incurriendo en mal desempeño. Además, le otorga la potestad al síndico de revisar los papeles de la contabilidad de la cooperativa; le da la oportunidad de destruirlos”, argumenta Feser al respecto.

Caro, se defiende de las críticas replicando la necesidad de hacer una ley que fuera votable:“Critican la reforma por izquierda y por derecha. Hay que escuchar a los abogados del establishment para ver realmente qué trascendencias tiene la modificación”, expresa el abogado. 

La cooperativa es la forma legal que les permite a los trabajadores presentarse ante los juzgados como un eventual sujeto de continuidad laboral y que posibilita, entre otras cosas, ser beneficiarios de leyes de expropiación, recibir subsidios u otro tipo de apoyo público, y realizar operaciones comerciales. 

“Lo que yo critico de las cooperativas es que se rigen todas por una ley general que estaba pensada para ser complementada con leyes específicas para cada tipo de cooperativa. Como estas últimas nunca salieron, se aplican cosas que no corresponden a las cooperativas de trabajo, como la exigencia de hacer tres reservas económicas que nunca van a usar o de tener diez libros contables, que en algunos casos es un número mayor al número de trabajadores”, argumenta Eleonora Feser. “Adoptaron la forma de cooperativa porque, de todas las posibilidades, era la que más se ajustaba, pero para mí tiene que existir un régimen específico para ellos que contemple las particularidades”, continuó la abogada.

Fuere o no la mejor manera existente de organizar una fábrica recuperada, la cooperativa necesita hacerse con el inmueble de la empresa quebrada para resolver el pase de la propiedad privada anterior a la propiedad colectiva.

Actualmente, no existen procedimientos claros para garantizar ese traspaso, por lo que las recuperadas se ven inmersas  -y en muchos casos estancadas- en vacíos legales irresolubles durante años. “Generalmente, las empresas con problemas de pago se presentan a concurso, fallan en el concurso, se van a la quiebra y ahí la toman los trabajadores. Pero no siempre pasa eso. Hay recuperadas en donde el dueño ni siquiera se presentó a concurso y entonces la patronal hace un arreglo privado con los laburantes, le traspasa las máquinas y ya. Hay otras en dónde por la falta de pago, los trabajadores toman la fábrica y producen la quiebra, como en el caso de Brukman”, puntualiza Feser.

La expropiación es una de las alternativas más viables de las planteadas hasta el momento para recuperar la propiedad de una fábrica tomada. Es una de las limitaciones a la propiedad privada que existen en nuestra legislación y se aplica bajo dos requisitos indispensables: que el Estado pague previamente por el inmueble, y que ese inmueble sea declarado de utilidad pública a toda la sociedad. “Hay jueces que creen que tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad de la ley cuando el Estado no efectúa el pago”, comenta Feser con indignación. “Pero hay otros que llaman a la gente del ejecutivo y les dicen que en el caso de no cumplir con el pago, serán acusados por incumplimiento a los deberes de funcionario público. Eso es lo que tienen que hacer los jueces”, aclara la abogada y vuelve sobre la modificación de la Ley de Quiebras de Caro al resaltar que “no se dijo nada sobre las expropiaciones”. “Sigue quedando a voluntad del juez que los laburantes continúen o no la expropiación. El juez puede autorizar la expropiación dando una serie de condiciones. Una de ellas es la viabilidad económica. Si el juez dice que es económicamente viable, se la puede otorgar. El tema es que nunca se va a dar esa condición. Si fuese económicamente viable la seguiría explotando la patronal.”, agrega. 

Conseguir la propiedad del inmueble es para el común de las empresas recuperadas un logro casi inalcanzable. Pero ese no es el único problema con el cual los trabajadores tienen que lidiar durante la experiencia de la autogestión. “Tienen una problemática previsional impresionante, ya que al convertirse en cooperativas tienen que pasar a ser monotributistas, lo que significa jubilarse con la mínima”, remarca Feser.

Además, resulta difícil escapar de las fricciones que se generan naturalmente entre los trabajadores. “Los que trabajan en la administración quieren volver a la producción, porque les parece un trabajo demasiado complejo y se sienten disminuidos. Y los que están en la producción piensan que los que administran no hacen nada”, cuenta Plácido Peñarreta, el presidente de la cooperativa Chilavert.

En algunas instituciones académicas se duda de la viabilidad de los procesos de autogestión obrera. Ellos plantean que si la empresa quebró bajo el liderazgo del empresario, es muy difícil que los trabajadores puedan sacarla adelante. Sin embargo, Luis Caro es capaz de rebatir con facilidad esos argumentos.

Su teoría es simple: “Una cooperativa no debe afrontar los mismos costos que una empresa privada”. Caro sostiene que para la realización de un producto determinado en una empresa capitalista, hay que contar con el costo empresarial, el costo laboral, los servicios, los impuestos y la materia primera e insumos. “El costo empresarial es cero desde el inicio. Nosotros no debemos lidiar con los altos sueldos gerenciales y con la plusvalía con la que se queda el empresario”, expone Caro.

Y al no tener la obligación de autopagarse los salarios, el costo laboral se convierte en una inversión. “Yo les explico que todo empresario tiene como costo los salarios y que, en cambio, ellos no tienen que gastar en sueldos fijos. Me preguntan entonces de qué van a vivir y la respuesta es simple: de lo que vivieron hasta ese momento.- arguye Caro-, Si ellos buscaran trabajo en otro lado, no cobrarían su primer salario hasta fin de mes. En cambio de esta forma, apenas producen y venden algo, cuentan automáticamente con una suma de dinero en efectivo. Y los procesos productivos no llevan más de 12 días, en los casos más complejos.”

En las fábricas asesoradas por Luis Caro, la primera producción se realiza con materia prima que quedó en la empresa. Y cuando se cobra por ese producto vendido, se compran nuevos materiales para una nueva producción. 

Ghelco, la fábrica especializada en productos de repostería para panaderías y confiterías, es un claro ejemplo de lo que expone Caro. Cuando después de cuatro meses pudieron ingresar a la fábrica para intentar volver a producir, ni siquiera tenían luz. Como les pedían dos meses de anticipo para la reconexión, la cooperativa Unión y Fuerza les salió de garante. Algunos pensaron en buscar un subsidio del Estado o un crédito, pero el abogado propuso vender cartones, hierros, botellas y demás trastes que habían quedado en los depósitos para comprar tres bolsas de azúcar. Con esa materia prima hicieron el producto azucarado que se usa para cubrir las facturas y las tortas, y lo vendieron. Con ese ingreso compraron otras tres bolsas y hoy en día, están comprando 500 bolsas semanales.  

“También, en ocasiones, los clientes traen la materia prima y los insumos, y adelantan algo para solventar algunos gastos y los muchachos le cobran lo que se llama el fasón, que es la mano de obra. Que incluye todos los gastos, servicios y demás más un plus. Con ese plus el obrero bien organizado ya puede comprar materia prima. Y ese el inicio del proceso, los obreros no tienen que transformarse en ser fasoneros, porque sino la fábrica se estanca. Eso es algo que siempre le advertirmos a los compañeros en la fábrica”, advirtió Caro.

Como las cooperativas de trabajo son organizaciones sin fines de lucro, están exentas del impuesto a las ganancias. “Y los servicios se pagan a mes vencido, por lo que los trabajadores cuentan con tiempo de sobra para generar las ganancias suficientes para pagar”, concluye Caro. Ese es el caso de la recuperada Chilavert, que actualmente sólo trabaja con ese sistema. “Acá siempre trabajamos con el 50% de la plata por anticipado y el 50% después. Nosotros no entramos en la cadena financiera –afirma Plácido-, Y alcanza para lo mínimo.”

En cambio, Caro afirma que la mitad de las recuperadas en las que él está involucrado tienen un excelente pasar económico. “Hay obreros que hoy cobran 15.000 pesos por mes. Es una locura que un obrero cobre eso hoy en la Argentina. Y se puede incrementar más todavía. Mañana vamos a ir a buscar otro galpón para Unión y Fuerza porque no dan abasto”, revela. 

Si bien el movimiento que nuclea a las empresas recuperadas es muy pequeño cuantitativamente, representa en América Latina y también en el resto del mundo una verdadera alternativa de gestión obrera a la tradicional administración capitalista.  Aunque el proceso se originó hace 10 años, un tiempo considerable en la vida de cada uno de los protagonistas, en términos históricos es una cifra insignificante. “Lo importante es seguir afianzando el proceso, continuar formando y capacitando a nuestros compañeros y no dejar de militar y difundir la causa de la autogestión. Si podemos sostener en el tiempo nuestros emprendimientos, de aquí a algunos años más, la gestión obrera será algo casi natural para cualquier trabajador que pierda su empleo o que se encuentre a las puertas del cierre de la empresa donde trabaja”, sostiene Federico Tonarelli, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) e integrante de la cooperativa del hotel Bauen. Apoyados en la experiencia histórica del movimiento argentino, es posible pensar en una organización de trabajadores autogestionados extendido en el resto del mundo como alternativa para terminar con las fuerzas de la explotación de los trabajadores.

Luis Caro, en su afán por mantenerse alejado de toda etiqueta política, contó: “El otro día vino un corresponsal de Rusia a hacer una entrevista y me preguntó si esto era comunista. Puede ser, le respondí. Puede ser socialista, puede ser comunitario. El reparto es igualitario, si eso alguna vez lo escuchamos con Carlos Marx, bárbaro. Al sector empresarial esto no le gusta mucho. Si bien no hay una actitud deliberada de combate, sabemos que en el fondo no están muy de acuerdo. Es contrario a la lógica del capitalismo. Somos anticapitalistas, nos definimos así. Pero no vamos por la lucha contra el capitalismo. Vamos a favor del trabajo y del reparto de riquezas. Vamos a favor, no en contra.”

http://www.politicargentina.com/entrevistas/961-empresas-recuperadas-por-los-trabajadores-una-alternativa-viable


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