Rubro 59, a ver…

Posted on 8 julio 2011

0



Es bueno leer a quienes luchan por la trata de personas, sexual o laboralmente, entre otras formas, desde hace tiempo

Aquí sumamos la opinión de La Alameda y un artículo con los alcances de la medida…

Quitar los avisos prostibularios es un paso. Nos falta correr porque perdemos la carrera

6072011

El Ejecutivo Nacional tomó la apropiada determinación de prohibir los avisos prostibularios en el día de ayer. Creemos que los crudos y contundentes informes internacionales sobre la cuestión de tráfico de personas en nuestro país fueron un fuerte impulso fundamental para que la presidenta Cristina Fernández tomara la decisión que desde hace años venían reclamando un arco amplio de ong’s antitrata, periodísticas y hasta el propio gobierno con un informe del INADI.

Desde la Alameda creemos que es un paso. Aunque falta dar muchísimos otros para derribar un mecanismo perverso que nutre a varias ramas de la economía local con medio millón de personas en situación de esclavitud que fueron traficadas desde países extranjeros o internamente.

Por impulso de las organizaciones de la sociedad civil, que se reunieron por primera vez el año pasado en Villa María provincia de Córdoba, para enfrentar a estas estructura mafiosas antihumanas es que el Congreso Nacional llegó a mitad del2010 aun acuerdo parlamentario entre todos los bloques para reformular la ley de trata.

Uno de los puntos del acuerdo es la quita en la ley del consentimiento, que no penaliza el tráfico de adultos. La Constitución Nacional y nuestro régimen jurídico no acepta este delito aunque la propia víctima diga que lo avala, y la mayoría de las veces lo declara en allanamientos con procedimientos irregulares ya que las consultas se realizan delante de sus propios victimarios en el contexto de sometimiento. El consentir el delito generó que cientos de criminales no sean encarcelados, ni juzgados.

Las penas para los traficantes de personas son ridículas. No se puede seguir aceptando que el robo de ganado, conocido como abiegato, tenga mayores penas que el tráfico de seres humanos.

Tercero la asistencia a las víctimas de trata es un completo desmadre que va de la mano de la impunidad a las mafias. Ya que no asistir a las víctimas genera que no haya testimonios como prueba para encarcelar a los mafiosos que esclavizan gracias al mecanismo de la trata. En varias causas judiciales las víctimas quedan a su suerte, o sea nuevamente cooptadas, por el actuar de la Oficina de Recate y Asistencia de Víctimas de Trata. De hecho su titular la licenciada Zaida Gatti fue denunciada penalmente por intimidar a una víctima que había sido esclavizada en un prostíbulo. El apriete que soportó esta víctima fue dentro de un juzgado federal en el momento previo de una ronda de reconocimiento.

Una de las alternativas propuestas por las ong’s al Congreso Nacional fue la incautación de bienes a las organizaciones criminales con reutilización social en la reinserción de las víctimas. Los líderes de los bloques mayoritarios se niegan a este punto.

La confiscación de bienes tiene un cas notorio que fue a maquinarias de un taller textil esclavista. Hoy esa máquinas de alta complejidad conforman el Polo Textil que tiene capacidad para 200 costureros que fueron esclavizados. Se organizan en cooperativas y con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Tampoco se ha producido en la Ley de Trata una marcada lucha contra los criminales. Las condenas en todo el territorio nacional no superan la decena. Reclamamos que exista una política de Estado a través de la Procuración Nacional para la erradicación de las estructuras criminales.

La investigación sobre los avisos prostibularios en los diarios nacionales por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil se produjo en diciembre de 2009. Gracias a ello dimos cuenta de 613 prostíbulos solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denuncia en conjunto con las ong’s, partidos y vecinos fue presentada ante el Procurador Nacional, Esteban Righi, el jefe de los fiscales que emitió dos resoluciones contra las casas de tolerancia en respecto a la ley nacional de Profilaxis.

Por otra parte, el Foro de Periodismo (FOPEA) emitió un comunicado manifestando su preocupación por “la persistente publicación, en diferentes medios gráficos nacionales y regionales, de publicidades que promueven la prostitución y la trata de personas en sus distintas formas”.

También en 2009, un equipo jurídico y técnico del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), elevó un informe a la Procuración General de la Nación, mediante el cual solicita una investigación sobre este tipo de avisos, con el propósito de develar “si promueven el negocio de la trata, si existe violencia mediática contra las mujeres o si promueven o facilitan la corrupción de menores de edad”.

Los propietarios de los medios en general afirman que se atenta contra la libertad de prensa si se le prohíbe propagar los anuncios prostibularios. Para los diarios de mayor tirada de Argentina, el “negocio” representa un ingreso de hasta un millón de pesos mensuales.

http://laalameda.wordpress.com/2011/07/06/quitar-los-avisos-prostibularios-es-un-paso-nos-falta-correr-porque-perdemos-la-carrera/

Con la mira también en las páginas hot

 Por Mariana Carbajal

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció ayer que el Gobierno avanzará contra las páginas de Internet en las que haya oferta de comercio sexual, como una medida que complementa el decreto presidencial que prohíbe la publicación de ese tipo de avisos. Pero aclaró que se focalizará primero en controlar los medios gráficos. A la vez, Alak adelantó, en diálogo con Página/12, que “el Gobierno promoverá la penalización del cliente de prostitución” como parte de su política para combatir la trata de mujeres para explotación sexual. “Sin clientes no hay trata: lo dijo ayer (por el martes) la Presidenta”, señaló el ministro. Aclaró sobre este punto que como ya lo hizo el Gobierno en foros internacionales, impulsará en el país que se penalice al cliente de prostitución. No obstante, no precisó cuándo le dará impulso a esa iniciativa que rige en Suecia, pionero en ese terreno, desde hace diez años.

En la órbita del Ministerio de Justicia funcionan la Oficina de Asistencia y Acompañamiento a las Personas Damnificadas del Delito de Trata y la flamante Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual –creada por el decreto firmado ayer por CFK–, designado como autoridad de aplicación de la norma. El decreto, que lleva el número 936, se publicó ayer en el Boletín Oficial. “Hoy empezamos a auditar medios gráficos”, informó Alak a este diario. También dijo que ayer mismo se comenzó a definir el régimen de sanciones que se aplicará a los medios que violen la prohibición. Indicó que se establecerán no sólo sanciones de tipo económicas.

–La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, entidad que agrupa a mujeres que reivindican la prostitución como un trabajo, cuestiona la constitucionalidad del decreto. Sostiene que dado que la prostitución es legal en la Argentina no se puede prohibir que una persona que la ejerza venda sus servicios. ¿Qué responde? –le preguntó este diario.

–Consideramos que la oferta sexual se da en un marco de trata. Detrás de las anuncios hay una organización. Hay reclutamiento, traslado, violencia física y moral.

–Pero Ammar sostiene que no siempre hay trata detrás de un aviso de comercio sexual.

–Una persona puede ejercer la prostitución en un departamento. Esa persona en general no pone avisos. Se promociona por otros métodos. Además, los avisos atentan contra la dignidad de las mujeres, las discriminan, las ponen como objetos y no como sujetos. El decreto se fundamenta en tratados internacionales y en dos leyes, la 26.364, de sanción de la trata, y la 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Esas dos normas permiten prohibir la publicación de oferta sexual.

Frente a las críticas de legisladores de la oposición que ayer reclamaban otras medidas para combatir la trata, Alak respondió que “ningún gobierno como éste ha hecho tanto contra la trata” y enumeró la sanción de la ley de trata, en 2008, la creación de la Oficina de Rescate y un programa de asistencia a víctimas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. “Hay que trabajar en la reinserción de las mujeres víctimas de trata, proveerles una salida habitacional y laboral. Y vamos a impulsar la penalización del cliente de prostitución, como ya lo hicimos en la ONU y el Mercosur”, indicó. Alak destacó que algunos sondeos de opinión que hicieron ayer mismo, a través de llamados telefónicos a unas 900 personas de distintos puntos del país, daban una aprobación del 80 por ciento a la decisión de prohibir los anuncios.

El decreto 936 faculta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a dictar “las normas complementarias y aclaratorias necesarias” para la implementación del régimen de infracciones. En el marco de esas atribuciones, aclaró Alak, se dictarán normas aclaratorias que apuntarán al control en Internet y otros medios, como los celulares y la televisión. “El espíritu del decreto es que no se publicite la oferta sexual por cualquier medio de comunicación. Pero vamos a empezar por monitorear los medios gráficos”, indicó. Y agregó: “Todos veíamos que mediante los avisos en los diarios se podía llevar adelante uno de los delitos más aberrantes, que es la trata de personas”, sostuvo el ministro. Con la prohibición de estos avisos, “hay una vergüenza menos para el país”, consideró.

El decreto fue firmado por la Presidenta en un acto en la Casa Rosada, al que fueron invitadas integrantes de organizaciones de mujeres y de periodistas que vienen reclamando la eliminación de ese tipo de avisos. La norma establece que una vez que se verifique una infracción, es decir, que se compruebe que un medio no cumplió con la prohibición, se labrará un acta y, una vez notificado, el medio tendrá 24 horas para eliminar el anuncio. Si no cumple con el retiro o vuelve a infringir la veda, se labrará otra acta. El infractor tendrá cinco días hábiles para presentar su descargo por escrito y la autoridad de aplicación otros cinco días para emitir su resolución.

Ayer, diversas voces apoyaron la medida. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) y su Observatorio de Medios la definieron como “un avance en la lucha contra la esclavitud del siglo XXI”.

Posted in: General