Trata y explotación sexual en los prostíbulos porteños

Posted on 2 junio 2011

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Entrevista a Gustavo Vera referente de la ong Alameda

Conversamos sobre la trata de personas con fines  de explotación sexual,  y acerca de las características que reviste tal situación en la Ciudad de Buenos Aires.

– ¿La Ciudad de Buenos Aires  tiene características particulares respecto del resto del país en cuanto  a la explotación de la prostitución ajena?

– La prostitución en la Ciudad tiene una particularidad que no tiene en el resto del país: aquí está la mayor concentración de prostíbulos por metro cuadrado. De los ocho mil prostíbulos que en algún momento el Ministerio Público Fiscal planteó que había -esta es la cifra que (el fiscal Marcelo) Colombo reconoce en 2010- , al menos hay unos mil en la Capital Federal. Además, a diferencia de otros lugares donde la Policía Federal no puede incidir porque tiene enfrentamientos con la policía de las provincias o con los intendentes locales,  en el caso de la Ciudad de Buenos Aires todos los negocios del crimen organizado pasan por la Jefatura Policial: la Superintendencia de Drogas Peligrosas maneja todo lo que tiene que ver con droga, con trata, con trabajo esclavo, sobre todo, y otros delitos. El cohecho tiene características estructurales: los prostíbulos están tarifados, la policía pasa a cobrar todos los meses y, si tienen causas por trata de personas, se les cobra una coima adicional  de cincuenta mil pesos por mes. Por otra parte, hay una disputa a nivel de la Federal entre la División de Delitos Contra la Salud versus la División Trata de Personas. Antes la División Delitos Contra la Salud manejaba la caja a través de la ley de profilaxis y ahora la manejan a través de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas.

Justamente el conflicto en la Policía Metropolitana comienza con la caída de un par de policías que   tenían causas por delitos de trata de personas, venta de drogas y por regentear prostíbulos. Por otro lado, no es casual que esté como ministro (Guillermo) Montenegro, que es amigo íntimo de Aníbal Fernandez y de Esteban Righi; cierran los negocios más importantes. Esto se vio claramente cuando fueron las denuncias de Constitución y Monserrat por parte de los vecinos y otras organizaciones de esos barrios. En ese momento estaba la novela Vidas robadas, que sensibilizó mucho a la gente. Hicimos una primera  gran marcha y en la segunda marcha estuvieron Soledad Silveyra (protagonista del ciclo), 13 diputados   y representantes de todos los bloques del Congreso Nacional. También asistió el juez Ariel Lijo, que había prometido tomar medidas, pero se declaró incompetente diciendo que no se había encontrado ni un gramo de droga en los 35 lugares denunciados en Constitución, a pesar de las cámaras ocultas que daban testimonio de lo que sucedía. Nosotros en 2005 logramos probar con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que la Federal tenía tarifados los talleres clandestinos según cuántos indocumentados tenía, la cantidad de personas trabajando en condición de trata de personas, etcétera. Cuanto más complicada era la situación de estos lugares, más alta la coima.

– ¿Siempre que hablamos de prostitución hablamos de casos de trata de personas, o existe la prostitución a título personal?

– Hay un fenómeno del que no se habla, se habla de la captación mediante engaño o secuestro, por ejemplo, pero pocas veces de este fenómeno coactivo que fue eliminando la prostitución a título individual y fue concentrando la prostitución en el ámbito privado y en redes manejadas centralizadamente por la policía. Nosotros creemos que siempre se llega a la prostitución por situaciones de vulnerabilidad o de pobreza o deseperación, o por la causa que fuera, se termina siendo víctima de estas redes en las cuales las víctimas ya no deciden sus destinos, sus ingresos y, mucho menos, por sus cuerpos.

Existe la prostitución a título personal y el que quiere la ejerce libremente en la calle, es lo que algunos dicen. Esto es una vil mentira, eso lo podés hacer en Calamuchita tres días hasta que se aviven; en los centros urbanos, como la Ciudad de Buenos Aires, no durás ni tres minutos.

En muchos lugares del interior del país  se está intentando eliminar de a poco – a través de la clausura y la legislación-,  todas las formas falsas de habilitación que utilizan estas redes delictivas para la explotación de la prostitución por cuenta ajena.

– ¿Cuáles son las medidas que habría que llevar adelante en la Ciudad?

– La primera medida es que los efectivos del Estado cumplan la función que tienen que cumplir. Les podés entrar desde el lado impositivo, desde las habilitaciones, desde el lado contravencional; la Ciudad no puede hoy estar limitada a cuestiones administrativas porque no tiene facultades para intervenir en los temas de trata. Esto es mentira, a Al capone lo metieron en cana por no pagar impuestos. Les podés entrar desde el control comunal hasta desde la Subsecretaría   de Trabajo, si hubiera una política activa del Estado para combatir este flagelo, pero no la hay. En el sitio web Salí Seguro del Gobierno de la Ciudad  de Buenos Aires publican direcciones que están denunciadas por trata y algunas, inclusive, que fueron allanadas y que tienen clausura de un juzgado federal. O sea, viene un turista por ejemplo, abre esta página y se encuentra con cuatro direcciones de prostíbulos de Liniers que fueron clausurados por un juzgado federal a partir de denuncias concretas de gente que pudo escapar y se presentó a denunciar.

El Pro siempre estuvo en contra de la ley de asistencia a la víctima de trata. De hecho, la primera versión, que fue debatida en 2006, terminó siendo archivada porque murió en la Comisión de Presupuesto  y el Pro era uno de los grupos que más obstaculizaba su salida. Cuando fue sancionada, se lo hizo a desgano, no se la quiso reglamentar, ni designar la autoridad de aplicación.

Cuando estalló el caso Kosiuko -una marca de ropa que contrata mano de obra en condiciones de esclavitud para la confección de sus prendas en talleres clandestinos-,  por segunda vez, tuvimos que recurrir a la Justicia ordinaria, para que obligara al Gobierno de la Ciudad a aplicar esa Ley.

La Legislatura intentó crear una Oficina Contra la Trata de Personas que también fué vetada en acuerdo con varios de los jueces que hay en la justicia contravencional, que simpatizan con el Pro.

El mensaje que queremos dar es el mensaje que los padres de Cromañón dieron el fin de año pasado: cambiaron los gobiernos, pero los tipos que se ocupan de las falsas habilitaciones y el levantamiento anticipado de clausuras están en los mismos lugares.

Publicada la entrevista en el portal Argentina Latente

http://bit.ly/kOu68X

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