“Lo de Soldati continúa lo que hizo la Ucep”

Posted on 21 diciembre 2010

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ENTREVISTA A JAVIER AUYERO

Por Tomás Forster
El sociólogo, especialista en política de los pobres y en redes clientelares, habla sobre las causas y efectos del acampe en el Parque Indoamericano, sobre las consecuencias de la ausencia del Estado durante las tres décadas de economía neoliberal, y sobre la xenofobia y la discriminación. Dice que en ese lugar se dramatiza el estado de emergencia que viven a diario los más discriminados, sean extranjeros o no.

La etnografía exige involucrarse, embarrarse en terrenos de la vida social que en nada se parecen a la calma y la placidez que se puede encontrar en una universidad estadounidense renombrada. Pero el confort o el dudoso prestigio académico pueden ser irrelevantes cuando lo que guía a una búsqueda profesional es la pasión y la convicción por comprender las causas estructurales de la injusticia social. Lejos del laboratorio o del lugar del investigador que todo lo sabe, Javier Auyero se metió en las villas de emergencia y en la vida cotidiana de sus pobladores.
A partir de ese contacto sustentado en su propia formación como sociólogo especializado en la problemática urbana, Auyero profundizó y desmitificó las distintas facetas que caracterizan al clientelismo político a través de un eje primordial: la situación de los marginados y oprimidos luego de varias décadas de devastación neoliberal. Conocedor de las tramas complejas que envuelven a las protestas que tienen a los más vulnerables como principales protagonistas, Auyero dialogó sobre los problemas de fondo que subyacen y explican los hechos que se vivieron los últimos días en Villa Soldati.

–¿Cuánto tiene que ver la ausencia del Estado frente a situaciones de injusticia social como la que se vivieron en Villa Soldati?


–Hay que pensar lo que sucedió en Soldati y lo que sucede hace ya más de una década con

el crecimiento de asentamientos irregulares, por fuera del mercado formal de la tierra, en un contexto de ausencia o desentendimiento del Estado del problema de la vivienda de los más desprotegidos. Pero pongamos este episodio en un contexto más amplio. Tresdécadas de política económica neoliberal en la Argentina generaron masiva desintegración y sufrimiento colectivo. Esta “gran transformación” produjo variados comportamientos disruptivos entre los pobres urbanos.

Desde distintas formas de protesta callejera, usurpación de propiedades, hasta formas diversas de delincuencia. Acciones que han sido enfrentadas, muchas veces, por feroces actos por parte del aparato estatal. El puño de hierro del Estado argentino estuvo bastante ocupado durante las últimas décadas: criminalizando persistentemente la acción colectiva beligerante, incrementando dramáticamente el número de presos en las cárceles, incurriendo en altos niveles de violencia policial contra la jóvenes pobres, desplegando fuerzas de corte militar como la Gendarmería Nacional para proporcionar “seguridad” a ciertas áreas urbanas marginalizadas pero, en realidad, para ocupar y contener. En el caso particular de la Capital Federal, durante los últimos cinco o seis años, aumentó bruscamente el número de desalojos. En el sentido de un Estado fuertemente hostil, hacia los más pobres, hablar de falta de acción estatal es una falacia.
–¿Cuánto tiene que ver la ausencia de políticas públicas y de vivienda del gobierno de la ciudad con esta situación?


–Los desalojos de residencias ilegalmente ocupadas y de espacios públicos se elevaron súbitamente desde el principio de esta década en la Ciudad de Buenos Aires por cuatro motivos: el rápido aumento de los precios en propiedades inmobiliarias desde 2001, el proceso de “gentrificación” cada vez más intenso en áreas selectas de la ciudad, los cambios en la legislación que aceleran el proceso judicial de desalojo y un cambio importante en la orientación política.

Cuando el actual jefe de gobierno se hizo cargo, había ocupantes que vivían en aproximadamente 160 espacios públicos (sobre todo en parques y plazas). En menos de un año, el gobierno “limpió” (palabra usada por los funcionarios porteños que nos retrotrae a los tiempos de la dictadura) casi 100. Los desalojos de edificios privados y de gubernamentales también se incrementaron a ritmo acelerado. En 2006, desalojaron a 34 personas por día. Un año más tarde, la figura se había duplicado: 76 personas al día eran expulsadas de los lugares donde vivían. Para finales de 2007, habían desalojado a 6700 familias en la Ciudad de Buenos Aires. Según el propio gobierno municipal hubo un incremento del 300% en los desalojos durante 2007. En 2008, los desalojos ocurrieron a un paso, incluso, más rápido: un desalojo por día ordenado por el poder judicial. Negando su velocidad pero reconociendo su existencia, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que “los desalojos se están realizando lenta, y silenciosamente”. Mientras el gobierno municipal extiende su brazo punitivo incrementando rápidamente los desalojos, retrae al mismo tiempo su brazo de bienestar social. Un ejemplo es lo que sucedió con el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad.


–¿Por qué cree que los excluidos recurren a la toma de espacios públicos como método de protesta?

–Los Estados regulan la vida de los más pobres de manera más o menos legal, más o menos visible, mediante la represión a sus acciones colectivas, el encarcelamiento, los desalojos, más o menos lícitos, y la violencia policial extra judicial.

También los Estados ejercen su regulación de manera clandestina en tomas de tierras o en reacciones a estas –como cuando los desalojos son llevados a cabo por un grupo como la UCEP en la Ciudad de Buenos Aires, o antes los llamados “tiburones”, grupos ambos con aceitadas conexiones con el poder político–.

Uno puede ejercer la posición moral o política que le resulte más afín pero no se puede ignorar estas relaciones clandestinas que definen lo que en un reciente libro denominé “la zona gris.” La activación de relaciones clandestinas entre funcionarios, dirigentes, y perpetradores de actos definidos como ilegales, y en más de una ocasión productores de daño físico a personas o material a objetos (una manera en que el poder estatal tiene de lograr sus objetivos y de, al mismo tiempo, regular a los pobres) no es monopolio de un gobierno. Las “tomas de tierras” en la  Argentina y en todo el mundo son ejemplos que ilustran las relaciones entre organizadores y el poder político.
–¿Cuánto influye la red de punteros barriales? El peronismo, en general, suele ser asociado a esos grupos. ¿Hasta qué punto y en qué niveles es veraz esa vinculación?
–Todo el mundo progresista hoy sabe, y resalta, que quienes salieron a tirotear a los que habían tomado el Parque Indoamericano tenían más de alguna relación con sectores del macrismo y/o sectores del peronismo federal. A este observador, poco le sorprende.

Tampoco me sorprendería que dentro de algunos meses o años “descubramos” que existieron relaciones “oscuras y oscurecidas” entre los organizadores de la toma y dirigentes políticos cercanos al oficialismo. Todos nos rasgamos las vestiduras por la xenofobia. Y es muy cierta, perversa, y dolorosa. Pero, lamentablemente, no es novedosa.Y, hasta me atrevería a decir, que centrarse en el etnicismo del discurso dominante no nos deja ver lo que sucedió durante las últimas dos décadas con todos los pobres de la ciudad.

Lo de Soldati continúa lo que hizo la UCEP, los desalojos que vienen creciendo hace ya varios años, etcétera. Soldati dramatiza el estado de emergencia en el que viven los más destituidos, sean extranjeros o no, a diario. Pero esto también se nota en el incremento pavoroso de la tasa de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires que prueba la existencia de un problema de Estado que supera a la égida de un gobierno o de otro. Centrar tanta atención en lo que diferencia las intervenciones de los gobiernos municipal, provincial y federal puede hacernos perder de vista lo que están teniendo en común, más allá de retóricas antagónicas, en tanto formas de regulación y disciplinamiento de los pobres.

–¿Esa decisión es la que lleva al vecino a oponerse a los ocupantes o hay un elemento de discriminación característico de la pequeña burguesía?
–La discriminación no es monopolio de un grupo social y me parece hasta una reacción (socio)lógica. Pero para que esta se transforme en acción colectiva tiene, como en el caso de la necesidad que está detrás de las tomas de tierras, que haber organización, incitación, o ambas cosas a la vez. Y en ese punto, juegan un papel importante las relaciones clandestinas entre sectores políticos con quienes podríamos denominan “especialistas de la violencia”. Estos son actores sociales, más o menos institucionalizados, especializados en infligir daño físico, como la policía, soldados, guardias, matones, y pandillas.
–¿Cómo se explica que, pese al crecimiento económico registrado en los últimos años ,se mantengan esos espacios de pobreza todavía irresolubles?
–La desigualdad y la marginalidad están inscriptas en el espacio urbano. Sin una acción decidida del Estado es difícil que en estos espacios, donde los problemas sociales se acumulan y refuerzan mutuamente, sean transformados. Se necesita de una política de Estado contundente, más abarcadora, en vez de programas de transferencias de recursos monetarios.
–¿Por qué la vía represiva no sería una solución?
–Los gendarmes, la policía, las acciones judiciales sumarias, los “tiburones”, la UCEP y las cárceles son la cara dura y severa que el Estado argentino muestra para con los habitantes de las regiones inferiores del espacio social y urbano.

Para aquellas poblaciones que viven en los márgenes de la estructura social y espacial, sobreviviendo en las grietas de una zona metropolitana que se fragmenta a diario, y para los que se atreven a rebelarse en contra de condiciones de vida opresivas, el Estado despliega formas de represión abierta, encarcelamiento, violencia ilegal y expulsión “lenta y silenciosa”. Estas distintas maneras de represión son una solución estatal (siempre parcial) en el intento de regular la vida de los más pobres. Para estos últimos, estos intentos más o menos abiertos, más o menos clandestinos, no hacen más que exacerbar su precariedad y reproducir la situación de emergencia constante en la que viven. <

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