82%:”quién paga el costo político de la sanción, del fracaso o del veto”

Posted on 14 octubre 2010

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82 por ciento político

La pulseada por el 82 móvil busca generar daño político antes que cambiar efectivamente la situación de los jubilados. ¿Cómo se distribuyen actualmente los fondos de la Anses que el proyecto propone desviar hacia un aumento previsional? ¿Qué pasará si el Senado finalmente convierte el proyecto en ley? Las claves de un duelo.

82 por ciento político

La discusión por el 82 por ciento móvil no es económica, ni siquiera previsional. El debate de hoy en el Senado es, sobre todo, una batalla política. Unos y otros saben que, sin importar el resultado de la votación, el destino del proyecto es el mismo: no se llevará a cabo. Lo que queda, entonces, es la pelea por ver quién paga el costo político de la sanción, del fracaso o del veto.

El Gobierno es el que tiene más para perder. Incluso con una derrota en la votación, los bloques opositores buscarán sacar provecho y avanzarán con su estrategia de enfrentar al Ejecutivo con los jubilados, especialmente con la clase pasiva de los sectores medios, los principales beneficiarios del proyecto. Pero la escena más temida por la Rosada es la sanción de la ley: en Olivos ya tienen decidido que vetarán la norma, con lo que profundizarán el debate, que se extenderá en el tiempo.

Una votación ajustada, que requiera la intervención y el desempate del vicepresidente Julio Cobos, sería una pesadilla. El mendocino, que escaló en las encuestas con el “voto no positivo” que pedía la Mesa de Enlace, sueña con volver a asomar la cabeza en la esquiva consideración popular.

El costo político de la operación 82 por ciento móvil no sólo se lo factura el gobierno a los partidos del “Grupo A”. El proyecto de ley recibió el apoyo de la nueva conducción de la CTA que corre a Olivos por izquierda, por donde más duele. El espacio que ahora conduce Pablo Micheli planificó para hoy una jornada nacional de protesta e instalaron una carpa frente al Congreso de la Nación. Se trata de la primera demostración de fuerza del dirigente sindical que desplazó al kirchnerismo.

La contraofensiva K apunta a desacreditar el proyecto opositor con un argumento que rápidamente prendió entre los medios amigos: quienes proponen el 82 por ciento móvil son los mismos que en 2000 aplicaron el recorte del 13 por ciento en las jubilaciones y los salarios públicos durante el gobierno de la Alianza, y apuntaron sus cañones contra la ex ministra de Trabajo, Patricia Bullrich (diputada por la Coalición Cívica) y el ex viceministro de Desarrollo Social Gerardo Morales (senador por la UCR). Para el oficialismo, el proyecto que impulsan los partidos de la oposición y que ya cuenta con media sanción de Diputados, desfinancia al sistema previsional, promueve la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, y transfiere recursos de las provincias hacia la provincia de Buenos Aires.

Los opositores también apuntan a ese mismo lugar. Acusan al Gobierno de utilizar el dinero que integra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como una caja de manipulación y clientelismo político a gran escala. Por ejemplo, advierten que el destino de las inversiones en infraestructura hídrica que se financia con ese fondo se concentra, precisamente, en la provincia de Buenos Aires. Con dinero que administra la Anses se ejecuta un plan 2.100 millones de pesos de obras cloacales que, según datos oficiales, fue realizado el 80 por ciento en la provincia que gobierna Daniel Scioli. El resto benefició solamente a otras 5 provincias. Es decir que la mayor parte del país no recibió los beneficios de esa inversión.

El proyecto que viene de Diputados supondría un golpe -o tentativa de golpe- contra la principal caja del oficialismo en la víspera del año electoral.
El Senado inició a las 14 la sesión para debatir el proyecto que aumenta las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario vital y móvil.

Con 38 senadores presentes y poco antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario, los bloques opositores consiguieron iniciar el debate.

Los cálculos que realiza el Gobierno determinan que el proyecto opositor supone una erogación adicional de 60 mil millones de pesos que hoy la Anses no tiene. Una tercera parte, corresponde al aumento de las jubilaciones mínimas hasta el 82% móvil. Los 40 mil millones restantes, a adecuar las jubilaciones medias y altas a las nuevas condiciones. Quienes impulsan la ley afirman que “la plata está” y afirman que deben las ganancias anuales del FGS y recursos presupuestarios que hoy se destinan, por ejemplo, a subsidios al transporte o la energía. Pero la fuente de financiación para todo el plan no está contemplada en el proyecto que se debatirá hoy.

“No creo que el Gobierno vete una ley que tiene tanto consenso”, desafió el senador Ernesto Sanz, presidente del a UCR. De eso se trata, de un desafío. Un duelo.

La respuesta de Anibal Fernandez por Twitter anoche fue:

Aníbal Fernández

@FernandezAnibal Pero la realidad es otra. Nuestro modelo encarna un ejercicio d responsabilidad política q bregará p/soluciones concretas p/los argentinos

Por esa razón, la ley de quiebra del Estado será vetada. No estamos dispuestos a permitir que el Estado y la Argentina se suiciden.

http://bit.ly/srvmil

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