la Ley de medios “no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos”.

Posted on 10 septiembre 2010

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Reporteros sin fronteras es una fundad en 1985, reconocida mundialmente por la defensa de la libertad de prensa y de los periodistas.

“En algunos países un periodista puede pasar varios años en la cárcel, por una palabra o una foto. Porque encarcelar a un periodista es eliminar a un testigo esencial y amenazar el derecho de todos a la información, Reporteros sin Fronteras, fundada en 1985, trabaja diariamente por la libertad de prensa”

Reporteros sin Fronteras
- defiende a los periodista y colaboradores de los medios de comunicación encarcelados o perseguidos por su actividad profesional, y denuncia los malos tratos y la tortura que sufren en muchos Estados,
- lucha para que retroceda la censura y combate las leyes destinadas a restringir la libertad de prensa,
- concede anualmente un centenar de becas de asistencia para ayudar a un periodista o a un medio de comunicación en dificultades (gastos de abogados, gastos médicos, compra de material, etc.), así como a las familias de los reporteros encarcelados,
- trabaja por la mejora de la seguridad de los periodistas, especialmente en las zonas en conflicto.

En este contexto y el de la nueva Ley de servicios de comunicación audiovisuales o “ley de medios” o Ley de medios K, publicó un artículo al respecto que me parece interesante.

Destaco algunos elementos primero y luego, debajo el artículo.

RSF: “La libertad de prensa como libertad editorial no se debe confundir con la defensa de los intereses económicos de los medios”

RSF: La #leydemedios “no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos”.

La ley ataca el “casi monopolio de algunos grupos de prensa, pero aquél casi monopolio mediático supone un problema real de pluralismo”.

RSF: “La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión, a la vez falsa y peligrosa.”

Dice Reporteros Sin Fronteras –y coincidimos– que “el texto se debe aplicar con, como corolario, un reparto justo de la publicidad oficial”.

La “guerra mediática” aún puede parar

La relación entre el gobierno kirchnerista, desde el poder en 2003 y ahora representado por Cristina Kirchner desde 2007 hasta la actualidad, y la prensa ha sido siempre controversial. Luego de conceder el permiso para que el Grupo Clarín unificara dentro de su holding a las proveedoras de televisión paga Cablevisión y Multicanal (al final de su mandato), emprendió una embestida contra la posición monopólica del Grupo, que cuenta con más de 30 empresas; todas vinculadas a los medios de comunicación.

Entre ellos se encuentran el diario Clarín, de mayor tirada nacional, La Razón, de distribución gratuita, La Voz del Interior, el más importante de Córdoba, Los Andes, el más importante de Mendoza, el único diario deportivo Olé. También es dueño de Canal 13Radio Mitre, y tiene participación en la agencia de noticias privada DYN.

Además, el Grupo Clarín es accionista mayoritario en Papel Prensa, constituido ahora en la madre de las batallas entre el multimedios conducido por Ernestina Herrera de Noble y el Ejecutivo nacional.

El caso Papel Prensa

Papel Prensa es la principal empresa dedicada a la fabricación de papel para diarios. Acapara el 70 por ciento del mercado local. Propiedad mayoritaria del Grupo Clarín (49%), desde su hegemónica posición, maneja e impone el precio del insumo sin ningún tipo de regulación. El Estado nacional posee el 27,46%, mientras que La Nación maneja el 22 %.

Según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en junio de 2010, la papelera vendió a sus empresas relacionadas entre el 70 y 80 por ciento de su producción. Esto la convierte en un proveedor casi exclusivo de Clarín, La Nación y de sus sub empresas. Sucede que son pocos los medios gráficos que pueden afrontar un precio impuesto por los periódicos más grandes del país.

… El contexto de la Ley SCA

La iniciativa que más sacudió el avispero fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Con la aprobación parlamentaria, en octubre del año 2009, la SCA reemplazó a la antigua normativa, creada durante la dictadura, y según sus autores apunta democratizar el mercado de la frecuencias. En una nueva decisión polémica, el 1 de septiembre, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley mediante un decreto de necesidad y urgencia. Como su aplicación se encuentra suspendida porque todavía hay varias presentaciones judiciales en contra, la oposición denunció que el Gobierno “salteó la justicia” e intentó, hasta ahora sin suerte, bloquearla en el Congreso.

Las arremetidas emprendidas por el lado de los Kirchner para intentar amedrentar al gigante mediático se multiplicaron. Mientras que el ex presidente vapuleaba al Grupo Clarín en cada discurso que podía, las agrupaciones vinculadas al gobierno empapelaban la ciudad de Buenos Aires con leyendas que quedarían en la memoria: “Todo Noticias = Todo Negativo” y el no menos contundente “Clarín miente”.

Lo que si quedará en la retina de los empleados del “gran diario argentino” fue la invasión de los doscientos inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que llegaron a las oficinas del diario para controlar los balances. El hecho se produjo en medio del debate por la Ley SCA, en septiembre de 2009.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Entorno a la Ley SCA

La libertad de prensa como libertad editorial no se debe confundir con la defensa de los intereses económicos de los medios de comunicación. Sobre todo de los más importantes.

La ley SCA condena, efectivamente, la situación de casi monopolio de algunos grupos de prensa, pero aquél casi monopolio mediático supone un problema real de pluralismo.

La SCA no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del Jefe del Estado.

No hubo censura directa o cierre de medios de comunicación. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión, a la vez falsa y peligrosa.

La evolución legislativa en Argentina corresponde al camino emprendido por otros países de la zona (Uruguay, Brasil, Ecuador, pronto Bolivia), confrontados ellos también a una tradicional superconcentración mediática.

Esta evolución, que incluye a la vez la despenalización de los delitos de prensa como en Argentina, va acompañada de la puesta en marcha de medios públicos hasta ahora débiles o inexistentes. El desarrollo de un servicio de información pública – en la medida en que el poder que la promueve respete su independencia – tampoco supone ningún problema de principio.

La SCA debe mantener su objetivo para corregir los desequilibrios del paisaje audiovisual, particularmente apremiantes en Argentina y garantizar un mejor reparto de las frecuencias entre medios privados, medios públicos en desarrollo y medios comunitarios.

Por esta razón, apoyamos este texto, tal como lo hicieron los relatores especiales por la libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Fruto de una larga reflexión en la sociedad y votado según las normas por mayoría en el Congreso, el texto se debe aplicar con, como corolario, un reparto justo de la publicidad oficial. La garantía de imparcialidad debe ser la misma en la atribución de las frecuencias. En los dos casos, bajo la égida de una autoridad de regulación independiente y que incluya a representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Entorno a los casos Papel Prensa y Fibertel

Las acusaciones del gobierno hacia el Grupo Clarín en el caso Papel Prensa son de una gravedad extrema y recuerdan el contexto del peor período de la historia del país. No debemos pronunciarnos sobre el fondo de este asunto en la ausencia de pruebas definitivas de cargo o descargo.

Es la justicia argentina, independiente y soberana, la que tiene que pronunciarse y no el poder ejecutivo. Lamentamos que tal caso haya alimentado el contraataque del gobierno frente a ClarínLa Nación cuando ésta no era su apuesta.

De la misma manera, pensamos que el hecho de no renovar la licencia del proveedor Fibertel, respaldado por el Grupo Clarín, es demasiado rápido y brutal. Una negociación era posible, incluso a través de una puesta en conformidad con la ley. En un lapso de tiempo tan corto, esta medida se ve como un ensañamiento contra el grupo de prensa.

De forma general, el gobierno no tendría que haber replicado a los grupos de prensa dominantes mezclando varios ámbitos (económico, político, editorial…). De hecho, este método se comprobó en otras partes de América Latina y desgraciadamente alimenta la confrontación.

La línea editorial de un medio de comunicación es una cosa. El trabajo diario de sus empleados es otra. El pasado y los errores de su dirección otra distinta. Los periodistas de Clarín y La Nación no tienen que sufrir ninguna estigmatización por parte del poder. Sin embargo es lo que ocurrió bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), que negaba cualquier conferencia de prensa en la Casa Rosada, o bien mandaba a doscientos funcionarios de la administración de ingresos a la sede de Clarín, el 10 de septiembre de 2009. Designar a la prensa como “enemiga” no resuelve nada y expone la profesión a nuevos riesgos. Todo poder democrático debe aceptar la crítica pública, aunque sea dura.

Un aspecto del caso Papel Prensa llama nuestra atención. No es nada conveniente que un único grupo de prensa posea la mitad de las acciones de la única empresa de suministro de papel de prensa y practique una tarificación sin regulación. Esta regulación es necesaria, siempre en nombre del pluralismo y del reparto justo de los medios de publicación.

Para seguir esta situación de la forma más justa, Reporteros sin Fronteras publicará pronto la entrevista de un representante de cada parte. Queremos pensar que puede parar la “guerra mediática”.

http://es.rsf.org/argentina-la-guerra-mediatica-aun-puede-09-09-2010,38329.html

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